Trayectoria académica
Último grado de estudios concluido:
Maestría
Otra formación académica:
- Maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género por el Instituto de la Judicatura Federal, actualmente Escuela Judicial Federal.
- Maestría en Ciencias Penales con especialidad en Criminología, por el Instituto Nacional del Ciencias Penales
- Diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
- Curso de la Reforma Constitucional en Materia de Amparo y su Ley Reglamentaria.
- Curso de Actualización Legislativa.
- Curso de Extinción de Dominio
- Prueba Pericial
- Taller de Derecho Concursal
- Curso de Lecciones de Argumentación Jurídica.
- Seminario Teórico Práctico de Actualización en Derecho Penal.
Historia profesional, laboral y académica
Soy egresado de la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM en el año 1995. Estudié la Maestría de Ciencias Penales en el INACIPE y la maestría de Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género en la Escuela Judicial Federal.
En el ámbito laboral, mi actividad se in...
Soy egresado de la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM en el año 1995. Estudié la Maestría de Ciencias Penales en el INACIPE y la maestría de Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género en la Escuela Judicial Federal.
En el ámbito laboral, mi actividad se inicia en la otrora Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en el Proyecto Operativo de Modernización del Archivo General de sentenciados a finales del 1996, en donde tuve la oportunidad de analizar los archivos de los reclusos para determinar si estaban o no en condiciones de solicitar algún beneficio de preliberación; además de que un año antes en 1995 comencé mis prácticas profesionales en la entonces Procuraduría General de la República en la Dirección Operativa relativa a Derechos de Autor, en la que se estudiaban expedientes sobre violaciones a la ley de la materia y se llevaban a cabo operativos en contra de la piratería y de las violaciones a dichos derechos. Asimismo, trabajé de pasante en diversos despachos de compañeros y maestros de la Facultad de Derecho.
En junio de 1998 ingresé a trabajar en el Poder Judicial de la Federación, en un Juzgado Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en donde fui asistente de la Jueza de Distrito y la apoyaba en todas las actividades relacionadas con su labor administrativa y jurisdiccional; De ahí a la fecha he ocupado diversos cargos dentro del escalafón del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, desde oficial administrativo, analista de sistemas, jefe de departamento, dictaminador, subdirector de área, actuario judicial, secretario de juzgado y secretario de tribunal, en órganos jurisdiccionales mixtos y especializados en materias civil, mercantil, de amparo y laboral, lo que me ha permitido conocer y realizar todas las funciones que se llevan a cabo en los órganos jurisdiccionales, desde elaboración de acuerdos de trámite, reportes estadísticos, notificación de resoluciones a autoridades y justiciables, depuración de expedientes, elaboración de proyectos de sentencia, participar en sesiones de tribunales.
Sobresale mi labor y experiencia en Tribunales Colegiados, Unitarios en Materia Civil y Administrativa, así como en Tribunales Colegiados de Apelación especializado igualmente en Civil y Administrativo, así como en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en las que he desempeñado actividades de elaboración de proyectos de sentencia y de acuerdo de trámite en los recursos que promueven las partes.
Mi experiencia me ha permitido sustituir a los magistrados titulares como secretario en funciones de magistrado en los asuntos y en los periodos que me ha encomendado el Consejo de la Judicatura Federal, al formar parte de la Lista elaborada por éste para tal efecto.
Actualmente, continuo mi labor en el Poder Judicial de la Federación.
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Visión acerca de la función jurisdiccional y la impartición de
justicia
¿Por qué quiere ocupar el cargo de elección popular del Poder
Judicial?
Mi decisión para participar en el proceso extraordinario de elección de juzgadores en el ámbito local, obedece al hecho de que al ser una realidad la reforma judicial, me siento comprometido en formar parte de este proceso y contribuir con mi experiencia laboral y académica a que se lleven a b...
Mi decisión para participar en el proceso extraordinario de elección de juzgadores en el ámbito local, obedece al hecho de que al ser una realidad la reforma judicial, me siento comprometido en formar parte de este proceso y contribuir con mi experiencia laboral y académica a que se lleven a buen puerto los cambios en el Poder Judicial. Definitivamente, estimo que tengo la capacidad, por los años en que he trabajado dentro de órganos jurisdiccionales y por mis estudios, de contribuir en mejorar en aquellos aspectos en que es posible hacerlo, a fin de brindar un mejor servicio de impartición de justicia.
Mi experiencia en juzgados y tribunales federales me ha dado la oportunidad de estudiar asuntos de los más diversos temas y me ha permitido formar un criterio jurídico que respalda mi trabajo y la decisión en asuntos que he proyectado y resuelto y, sobre todo, es garantía de que los juicios y resoluciones que en un futuro deberé resolver serán atendidos de manera plena, congruente y exhaustiva, de modo que se atienda al objetivo, y nuestra obligación como servidores públicos, de brindar justicia al gobernado en apego a los derechos humanos y/o de los derechos que estén en juego.
Sé que para que logremos construir un nuevo Poder Judicial en el que todos confiemos debemos participar todos, pero sobre todo considero que las personas que hemos dado nuestra vida por el servicio de administración de justicia y hemos trabajado por años en órganos jurisdiccionales tenemos una mayor obligación para que toda la reforma judicial se logre, porque sabemos cuáles son las debilidades de la estructura judicial, así como sus fortalezas.
Por eso quiero aportar mis habilidades y conocimientos en construir un Poder Judicial más humanista y más cercano a la gente y en el que podamos confiar todos, con la certeza de que será integrado con los más capaces y por aquellos que brindaran la seguridad a todos los que acudan a demandar justicia que serán escuchados y que sus demandas serán solucionadas.
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¿Cuál es su visión acerca de la función jurisdiccional y sus
propuestas de mejora?
La función jurisdiccional es la facultad del Estado de resolver conflictos entre personas y entre éstas y el Estado. Se ejerce a través de los tribunales y jueces de acuerdo con su competencia y su objetivo es garantizar el cumplimiento de la Constitución, Tratados Internacionales y leyes emanad...
La función jurisdiccional es la facultad del Estado de resolver conflictos entre personas y entre éstas y el Estado. Se ejerce a través de los tribunales y jueces de acuerdo con su competencia y su objetivo es garantizar el cumplimiento de la Constitución, Tratados Internacionales y leyes emanadas de la primera.
La visión de la función jurisdiccional es impartir justicia de manera eficiente, eficaz, transparente y equitativa, a fin de garantizar el estado de derecho.
Dicha función se fundamenta en diversos principios, tales como la independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y gratuidad. Por ende, se debe cumplir con dichos principios a fin de lograr una justicia verdadera. El de independencia implica que los juzgadores podrán ejercer su función en libertad, sin sujeción a voluntades personales o institucionales y con el único propósito del cumplimiento estricto de la ley.
El principio de imparcialidad conlleva resolver en equidad y sin beneficiar a ninguna de las partes, sin conceder ventajas a ninguna de los contendientes en perjuicio de la otra. Este principio, sin embargo, no se vería afectado por el hecho de que se resuelva en los asuntos que lo ameriten, con perspectiva de género y/o perspectiva social porque, en estos casos lo que se pretende es resolver las controversias de manera justa para equilibrar las diferencias que por género o por formar parte de un grupo social vulnerable lo ameriten.
La gratuidad de la justicia conlleva que la prohibición de pagar una contraprestación por los servicios que prestan los tribunales. En ese sentido, las costas o pagos por dicho servicios judiciales están prohibidas, ya que lo que se pretende es que todos y todas tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, sin tener que erogar dinero para su acceso.
Hay gastos ocasionados que, sin embargo, no se consideran costas judiciales en sentido estricto, como las copias, preparación y desahogo de pruebas, contratatación de peritos y honorarios de los trabajadores y sobre todo en materia civil y mercantil hay la posibilidad de la llamada condena en costas, por la que el juez ordena a la vencida en un juicio a cubrirlas a favor de la triunfadora.
Aunado a lo anterior, el juzgador debe actuar con profesionalismo, con la disposición de ejercer de manera responsable; con excelencia, de manera de perfeccionar las virtudes del humanismo, a sabiendas de que las leyes se hicieron para servir al hombre; asimismo, debe actuar con prudencia, perseverancia, humildad, sencillez y honestidad.
Mis propuestas es construir un Poder Judicial más cercano a la gente en donde se tenga la certeza de que quien acuda a demandar justicia encontrará un juez o magistrado que los escuchará y resolverá de acuerdo a derecho.
Considero que si ahora los juzgadores van a ser electos entonces se deben organizar encuentros con las personas de los Distritos Electorales en que se puedan brindar asesorías y responder las dudas que se planteen.
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¿Cuál es su visión acerca de la impartición de justicia y sus
propuestas de mejora?
Mi visión sobre la impartición de justicia es clara en el sentido de que entiendo que ésta es un proceso complejo que implica fusionar una serie de elementos que al final deben brindar la certeza de que, en cada resolución emitida por un juzgador, va el respaldo de resolver conflictos con base e...
Mi visión sobre la impartición de justicia es clara en el sentido de que entiendo que ésta es un proceso complejo que implica fusionar una serie de elementos que al final deben brindar la certeza de que, en cada resolución emitida por un juzgador, va el respaldo de resolver conflictos con base en la legalidad; sin embargo, también comprendo que en determinados asuntos se debe resolver con perspectiva de género y perspectiva social, entendida la primera como una herramienta que permite identificar y cuestionar las desigualdades entre hombre y mujeres, las cuales no son sólo biológicas sino también culturales.
Efectivamente, del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.
Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.
Por otro lado, en relación con grupos vulnerables, en principio, es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En ese sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas en relación con grupos vulnerables, sino su utilización de forma injustificada.
En consecuencia, mi propuesta es intensificar el estudio estricto de los asuntos a fin de identificar los asuntos en que pueda juzgarse con perspectiva de género o social.
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